Alfonso Yagüe García (*)
La bandera de España y el Himno Nacional no son meros elementos decorativos ni herramientas al servicio de intereses particulares. Estamos ante símbolos que representan la historia, la soberanía y la convivencia de un país entero. En ellos se condensa un significado colectivo que trasciende ideologías, credos y estrategias comerciales. Desde hace tiempo, asistimos a una preocupante banalización y apropiación indebida de estos emblemas, que amenaza con vaciarlos de su verdadero sentido.
El ordenamiento jurídico español establece con claridad el adecuado uso de la Bandera de España (Ley 39/1981, de 28 de octubre) y el Himno Nacional (Real Decreto 1560/1997de 10 de octubre).
En el caso de la bandera, debe ondear en el exterior de edificios públicos y ocupar lugar preferente en el interior de estas instituciones y en actos oficiales. Sin embargo, diversos partidos políticos han convertido en habitual el uso en sus actos y discursos como si les perteneciera en exclusiva. Este fenómeno no solo distorsiona su significado, sino que contribuye a generar rechazo en una parte de la ciudadanía que deja de sentirse representada por un símbolo que debería ser integrador.
En otros casos, las empresas utilizan la bandera como reclamo comercial, reduciéndola a un recurso estético más. Me incomoda ver en la fachada de una empresa privada un mástil con la bandera de España porque todavía no recuerdo que ninguno de estos edificios sean sedes de un organismo público.
En otros casos, para simbolizar el luto oficial, a veces prenden un crespón negro en medio de la bandera. Totalmente incorrecto pues el crespón negro solo se usa en las banderas situadas en el interior de los edificios públicos, atándolo a la “moarra” (parte superior del mástil).
En cuanto al himno, en algunas procesiones creadas recientemente, se interpreta a la salida y entrada de las imágenes, lo que indudablemente no está contemplado en la normativa que regula su uso desde el año 1997. Nuestra vigente Constitución de 1978 deja muy claro que España es un Estado aconfesional, lo que significa que no adopta ninguna religión como propia, pero sí reconoce la importancia social de las creencias religiosas más arraigadas, como las creencias católicas, con la que deben de establecer vínculos de colaboración. Por eso podría entenderse que ciertas procesiones siguiendo una costumbre «inveterada» utilicen el Himno Nacional en ciertos actos, pero no tiene sentido que se incorpore en toda procesión de reciente creación, porque supone una mezcla de ámbitos que en un Estado constitucional moderno conviene mantener diferenciados.
El problema de fondo no es únicamente legal, sino cultural. La falta de pedagogía cívica en torno a los símbolos nacionales ha permitido que su uso indebido se normalice. Se ha pasado de la reverencia institucional al uso indiscriminado. En países como Francia, EE.UU., Reino Unido, Japón o México el uso institucional de la bandera y el himno forma parte muy visible del orgullo nacional.
Recuperar el sentido de estos símbolos implica recordar que la bandera y el himno no pertenecen a ningún partido, religión o empresa, sino a la ciudadanía en su conjunto. También requiere que las instituciones hagan cumplir la normativa vigente y que promuevan una cultura de respeto basada en el conocimiento y la responsabilidad.
En estos momentos, preservar el valor de los símbolos comunes no es un asunto menor. Al contrario, es una cuestión esencial para reforzar la cohesión social y recordar que, más allá de nuestras diferencias, existe un espacio compartido que merece ser protegido. Porque cuando los símbolos dejan de unir y comienzan a dividir, no solo se degradan ellos: se resiente la propia idea de país.
(*) Alfonso Yagüe García es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Protocolo (AEP)
