Ángel del Pino Moreno – Médico jubilado
La democracia en España se encuentra inmersa en una crisis profunda que plantea serias preguntas sobre su futura viabilidad. Este debilitamiento no es un fenómeno casual, sino el resultado de una erosión sistemática de las instituciones por parte de los partidos políticos, en un entorno propenso a la corrupción, la cual ha echado raíces y se ha convertido en una práctica habitual.
Las principales instituciones del país, encargadas de garantizar el funcionamiento democrático, están siendo socavadas. El Poder Legislativo, representado por el Congreso, parece estar secuestrado por partidos minoritarios que manifiestan, abiertamente, que el bienestar de España no es su prioridad y quieren acabar con España. Para ellos, un deterioro del país beneficia sus intereses, revelando una preocupante falta de compromiso con el bien común y con la gobernabilidad.
El Poder Ejecutivo, compuesto por el Gobierno y el Consejo de ministros, debería dirigir la política interior y exterior, así como administrar el Estado en beneficio de todos. Sin embargo, hoy en día sus decisiones están condicionadas no solo por estrategias partidistas, sino por intereses personales de individuos que priorizan su poder y beneficios sobre las necesidades de la ciudadanía.
El Poder Judicial, que debería actuar como baluarte de la justicia, se ha visto envuelto en una lucha desmedida por la influencia política. La elección de jueces alineados con determinadas ideologías ha llevado a que la confianza en la justicia se desmorone, dejando a muchos ciudadanos en una posición de incertidumbre y desconfianza. Este juego de intereses, donde la lealtad política parece tener más peso que los principios éticos, contribuye a una creciente percepción de que las instituciones están fallando en su misión de servir y proteger a la sociedad.
La reciente amnistía, validada por el Tribunal Constitucional, refleja esta tendencia en la que las decisiones se toman para asegurar la permanencia en el poder, ignorando las consecuencias morales y sociales. Esta sentencia, en opinión de juristas no vinculados al poder, es un despropósito jurídico y está en contra del Estado de Derecho. La impunidad ante actos ilícitos cometidos por políticos y funcionarios ha generado un clima de desconfianza que empuja a muchos a cuestionar la integridad de quienes ocupan altos cargos.
Este descontento ciudadano está alimentando, alarmantemente, el apoyo hacia alternativas más radicales. La última encuesta realizada por 40dB revela que un significativo 12,6% de la población votante considera que, en ciertas circunstancias, el autoritarismo podría ser preferible a la democracia. Esta cifra adquiere un carácter aún más preocupante entre los jóvenes, especialmente de la Generación Z (12/28 años), donde el 25,9% expresa una disposición a respaldar dictaduras si ven que es un camino hacia soluciones efectivas a problemas reales.
Por edades, los resultados son reveladores: la preferencia por un régimen autoritario también se manifiesta en un aumento entre los jóvenes, lo que indica una tendencia alarmante. Casi el 70% de la población cree que la democracia ha sufrido un deterioro irremediable, y para más de la mitad el principal problema identificado es la corrupción de los políticos.
Este sentimiento de abandono y desesperanza genera un caldo de cultivo para que muchas personas consideren el autoritarismo como una alternativa viable. La interpretación errónea de que los políticos están más ocupados en conflictos de poder que en la búsqueda de soluciones a los problemas reales incrementa la desesperación entre la ciudadanía.
En suma, la degradación de la democracia en España es un hecho concreto que debe ser abordado urgentemente. La percepción de un sistema corrompido y deslegitimado no solo desanima a los ciudadanos, sino que también siembra las semillas del autoritarismo como una opción preferida por una parte de la población. Es fundamental que se recupere la confianza en las instituciones y se restablezcan los valores democráticos para evitar que estas tendencias continúen arraigándose en el tejido social español.
