“0,22%”

75.000 personas entre diputados, senadores, diputados autonómicos y concejales, nos dedicamos a la política en España con un cargo público. De estos 75.000 hay 1.900 imputados en unas 130 causas abiertas y 170 condenados en esta última legislatura, lo que representa un 0,22% de todos los españoles que tenemos un cargo político. ¿Somos los políticos españoles unos corruptos? Por Marcos Ortuño Soto, alcalde de Yecla

En España tenemos carné de conducir unos 26 millones de personas, y un 14% de las pruebas de alcoholemia y drogas dan un resultado positivo. ¿Somos todos los conductores españoles drogadictos?
En España tenemos un magnífico sector sanitario con grandísimos profesionales que, en muchas disciplinas médicas, tienen una muy merecida reputación con un gran prestigio a nivel mundial. Forman parte de este colectivo más de 230.000 médicos y aún así el pasado año hubo unos 700 errores con resultado de muerte. ¿Significa eso que los médicos españoles son negligentes? Yo creo que no.
75.000 personas entre diputados, senadores, diputados autonómicos y concejales, nos dedicamos a la política en España con un cargo público. De estos 75.000 hay 1.900 imputados en unas 130 causas abiertas y 170 condenados en esta última legislatura, lo que representa un 0,22% de todos los españoles que tenemos un cargo político. ¿Somos los políticos españoles unos corruptos?
Está claro que a esta última cuestión que he planteado mi respuesta es no. Los políticos españoles no somos unos corruptos. En una inmensa mayoría los políticos españoles somos ciudadanos con una gran ilusión por trabajar por nuestro pueblo, por ayudar a nuestros vecinos y por hacer que la sociedad en la que vivimos y en la que deberíamos convivir, sea cada vez mejor, más moderna y más justa con todos sus miembros. Pero, ¿por qué hemos llegado a esta situación social? En mi humilde opinión por el trapicheo y las malas artes de unos pocos, de muy pocos, apenas un 0,22% de estos cargos se han enriquecido como si de un colectivo mafioso se tratara, han causado esta alarma social. Un grupo de nefastos ciudadanos a los que hay que perseguir, juzgar y si la justicia así lo considera, condenar y además, si es posible, con penas que resulten ejemplares. Ni más ni menos que, permítanme el símil, lo que pedimos para aquellos conductores que dan positivo en un control de alcoholemia, mucho más si bajo los efectos de esas drogas han causado un accidente con víctimas.
Otra cuestión es la utilización que de estos casos de corrupción están haciendo determinadas personas, algunos políticos que ven en esta desgracia una ocasión para reivindicarse, para autonombrarse como algo que ni son ni van a ser: paladines de la justicia y de la democracia. Desde luego mi consejo es que desconfiemos de todos ellos, que no nos fiemos de aquellos que actúan como buitres comiendo de lo que queda abandonado en el campo. Y si bien es cierto que habrá que reformar las leyes para los casos de corrupción política y que además se deberán endurecer las penas para que ayuden a ejemplificar en nuestra sociedad, para que nos ayuden a tener más credibilidad y transparencia en todos los trámites públicos; también es cierto que se deberán crear mecanismos como defensa ante aquellos que lanzan falsos testimonios amparándose en unas siglas políticas o en un cargo público, de aquellos a los que su malicia o incapacidad les hacen ser osados y se atreven a tergiversar cada documento que no saben interpretar, o que simplemente consideran que les pueden proporcionar un rédito político. De los que lanzan falsas acusaciones y utilizan la justicia como herramienta política. Aquellos que con sus malas artes pretenden colapsar todavía más y para su beneficio particular, la ya colapsada administración pública, tanto la perteneciente al ámbito del poder judicial como la que constituyen las administraciones municipales.
Más les valdría preguntarse por qué no son capaces de caminar hacia un pacto nacional contra la corrupción y, como dice el señor Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional, "reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsables frente a los ciudadanos al tiempo que se reduce la politización de la Justicia".

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